El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, ha admitido ante la cúpula de la CEOE que “no es
posible” reducir el déficit de tarifa sin repartir el incremento de costes
necesario entre todos los actores del sector, entre los que, además de
consumidores y administraciones, también se encuentran las empresas.
Soria ha dejado claro que las
empresas tendrán que asumir nuevos costes para reducir el déficit de tarifa.
Durante su intervención en la
sede de la patronal, el titular de Industria ha alertado de que si no se
hubieran tomado medidas, el déficit de tarifa -que asciende a unos 24.000
millones de euros- corría el riesgo de duplicarse. El ministro ha afirmado que
reducir esa cantidad “con satisfacción de todos los sectores no es posible”,
por lo que ha abogado por “buscar una combinación lo más equilibrada posible
para que todos los jugadores asuman una parte del coste, las eléctricas
también”, ha añadido.
Soria ha mostrado su cara más
empática al afirmar que comprende las críticas de los empresarios a la nueva
fiscalidad eléctrica. “Entiendo que al conjunto de patronales no les están
gustando estas medidas. A mí tampoco me gustarían”. En varias cartas abiertas
al Ministerio de Industria un sinfín de organizaciones empresariales han denunciado
que la reforma energética restará competitividad al tejido industrial español.
No obstante, el ministro ha
defendido la norma y ha intentado explicar sus motivos para aprobarla.
“¿Alguien está pensando que podemos corregir el déficit repercutiendo el coste
sólo sobre la tarifa del consumidor? No sería razonable. Me hago cargo de la
incomodidad de las distintas patronales, pero es la condición necesaria sin la
que no se puede acometer la reducción de la tarifa eléctrica para disponer de
un marco energético estable que genere confianza”, ha añadido José Manuel
Soria.
Por otro lado, en declaraciones a
los medios de comunicación, Soria ha anunciado que una vez contenido el déficit
de tarifa se podrá “entrar a reformar la regulación del sistema”. El ministro
ha adelantado que el objetivo de la reforma regulatoria es que “el consumidor
doméstico y la industria puedan tener en España una energía que responda a un
precio que refleje exactamente los costes de generación, de transporte y de
distribución, y no otro tipo de costes”.
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